Deudas por pesificación

En el mes de julio de 2007, a raíz de información oficiosa referida a que las autoridades administrativas de la Cancillería iban a efectuar un reclamo por importantes sumas de dinero, supuestamente mal liquidadas, que abarcaban a un gran número de colegas, se mantuvo una reunión con el entonces Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Emb. Ojea Quintana.

En dicha reunión, el Emb. Ojea Quintana confirmó que se intentaba “recuperar” sumas de dinero abonadas entre agosto y diciembre de 2002 en dólares –por deudas generadas por el Ministerio entre 1999 y 2001- respecto de funcionarios por entonces en el exterior y referidas a distintos rubros complementarios del salario.

La suma total de los reclamos rondaba los seis millones de pesos e involucraba a alrededor de 260 funcionarios, la mayoría de ellos diplomáticos y un número reducido de adscriptos al SEN.

En su momento, el Emb. Ojea Quintana expresó que, en virtud de un Dictamen de la Procuración del Tesoro (nro. 134/06 del 22 de mayo 2006) se decidió exigir el reintegro de dichas sumas a los funcionarios mediante carta documento para evitar la automaticidad de un cargo.

Este dictamen se refería a la modalidad en la que se debían saldar las sumas adeudadas, de causa anterior al 31 de enero de 2001, al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. La modalidad descrita en el dictamen estipulaba la pesificación y consolidación de las deudas en la relación de un dólar un peso, mas el coeficiente de estabilización de referencia (CER).

Consecuentemente, a través de la CT SUBCO 10558/07, titulada “Información sobre deuda del personal de este Ministerio”, el Ministerio anunciaba que procedería a recuperar las sumas que hubieran sido abonadas por encima de las pautas mencionadas en el dictamen entre los meses de agosto de 2001 y diciembre de 2002.

Según esta CT, los rubros abarcados que involucraban las deudas serían: encargaduría de negocios, permanencia en la categoría, pago de rango superior por permanencia en países de régimen especial, descongelemiento de vacantes del personal diplomático del SEN, ajustes por antigüedad, y recursos de reconsideración en las categorías del personal administrativo adscrito al SEN.

A través del Dr. Augusto Lapierre y su equipo, letrado contratado por el APSEN, se elaboró un texto de respuesta que los afiliados de la Asociación utilizarían para responder a la eventual carta documento del Ministerio.

El texto de los abogados rechazaba por improcedente las sumas exigidas por el Ministerio sosteniendo que “fueron correctamente liquidadas, por tratarse de haberes retributivos de servicios prestados en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Art. 63 de la ley 20.957 y su reglamentación, así como del decreto 3168/78, normas que en ningún momento dejaron de estar vigentes y que, por la situación especial que regulan, no están alcanzadas por el régimen de pesificación y consolidación de deudas”.

Asimismo, se refería a la “buena fe” de los funcionarios al cobrar los montos exigidos, sin que hubiera mediado dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario diplomático.  Además, destacaban que al tener estos montos carácter alimentario, constituían derechos definitivamente incorporados al patrimonio del funcionario según reiterada jurisprudencia de la CSJN.

En el mes de agosto de 2007, con la asistencia de la Secretaría del APSEN, los funcionarios involucrados en la cuestión procedieron a responder sus respectivas cartas documento utilizando el texto proporcionado por los abogados.

Dos años después, en los meses de julio y agosto de 2009, los funcionarios que habían presentado respuesta a la intimación del 2007 comenzaron a recibir una nueva carta documento del Ministerio que rechazaba los argumentos planteados por los funcionarios diplomáticos.

Además de insistir en el recupero de los montos, la carta documento otorgaba un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación para presentar una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio.

Es por ello que el Dr. Lapierre, en su carácter de letrado del APSEN, elaboró un nuevo escrito que ampliaba los fundamentos presentados en la contestación que respondía a la primera intimación recibida en el 2007.

Nuevamente con la asistencia de la Secretaría del APSEN, los funcionarios involucrados fueron respondiendo a la nueva carta documento utilizando el texto elaborado por el Dr. A gusto Lapierre.

A pesar de la contestación y rechazo a la intención del Ministerio de recuperar las sumas pagadas, en diciembre de 2009 fue entregada la primera demanda contra un funcionario diplomático retirado.

A partir de ese momento, comenzaron a ser notificadas varias demandas contra funcionarios. Al mismo tiempo, también fueron entregadas resoluciones ministeriales personales en las que la Cancillería notificaba al funcionario que la ampliación de fundamentos presentada en 2009 quedaba rechazada. La resolución especificaba que, quedando agotada la vía administrativa, el Ministerio autorizaba a DIAJU a comenzar las acciones legales para recuperar los montos exigidos.

Actualmente, hay  aproximadamente 150 funcionarios con resolución de inicio de demanda de los cuales 55 han recibido  han recibido, efectivamente, la demanda.

De este total de funcionarios demandados, un 95% ha optado por utilizar al Dr. Lapierre y su equipo para ser representados en la Justicia. Los letrados han  puesto a disposición de los afiliados un modelo de contestación a la demanda, así como un  modelo de poder específico ampliamente utilizado por los funcionarios  que se encuentran cumpliendo funciones en el exterior.

En el transcurso de los años 2012 y 2013 cuatro de las demandas alcanzaron la instancia de sentencia, teniendo dos de ellas resoluciones favorables para los diplomáticos involucrados y dos de ellas favorables al Ministerio. Todas las sentencias se encuentran actualmente en etapa de apelación por una u otra parte perjudicada.

Durante las años 2014 y 2015 continuaron alcanzo sentencia varios de los juicios en trámite. A noviembre de 2015 20 juicios han obtenido sentencia a favor de los funcionarios diplomáticos y 5 a favor de la Cancillería.