Juicios por presuntas deudas por pesificación. Comunicación 30/2016.

El APSEN pone en conocimiento de sus afiliados que, después de 9 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación da por finalizados los reclamos de la administración a los funcionarios por presuntas deudas por pesificación. El pasado 5 de abril la Corte Suprema decretó la inadmisibilidad y desestimó con costas los recursos extraordinarios presentados por la Cancillería en los juicios contra varios funcionarios por la mencionada cuestión.

Las causas llevadas adelante por los letrados de APSEN, Dr. Augusto Lapierre y su socia la Dra. Carla Gentile, tras un procedimiento dilatado en el tiempo, habían tenido sentencia favorable de todas las Salas que integran el Fuero Contencioso Administrativo Federal, por considerarse, básicamente, que la Ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, ley especial, prevalecía sobre el carácter general de la normativa de emergencia y pesificación.

Asimismo se tuvo en cuenta la improcedencia del reintegro pretendido por la Cancillería habida cuenta de la buena fe de los demandados en la percepción y el consumo de las sumas cuestionadas. De tal forma tuvieron acogida favorable los argumentos expuestos en defensa de los diplomáticos afectados.

La sentencia de la Corte Suprema, si bien existía un Dictamen favorable a la pretensión de la Cancillería de la Procuradora Fiscal, que fue rebatido in voce por los letrados en las entrevistas con Secretarios de la Corte, aplicó correcta y prudentemente el Art. 280 del Código Procesal, que  habilita tal rechazo cuando falta el agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia.

Los casos con resolución favorable de la Corte han sido, hasta el momento, cerca de veinte, encontrándose en trámite los restantes tanto en la Corte como en Cámara y en Primera Instancia. De todas formas la resolución de éstos últimos será en definitiva y obviamente, favorable, rechazando las pretensiones de la Cancillería.

Cabe recordar a los afiliados que la situación que culmina en el dictamen de la Corte Suprema se remonta al mes de julio de 2007, cuando  la Cancillería se embarcó en un conjunto de acciones administrativas que tenían como objetivo “recuperar” sumas de dinero abonadas entre agosto y diciembre de 2002 en dólares –por deudas generadas por el Ministerio entre 1999 y 2001- respecto de funcionarios por entonces en el exterior y referidas a distintos rubros complementarios del salario.

La suma total de los reclamos rondaba los seis millones de pesos e involucraba a alrededor de 260 funcionarios, la mayoría de ellos diplomáticos y un número reducido de adscriptos al SEN.

En su momento, autoridades de la Cancillería expresaron que, en virtud de un Dictamen de la Procuración del Tesoro (nro. 134/06 del 22 de mayo 2006) se decidía exigir el reintegro de dichas sumas a los funcionarios mediante carta documento para evitar la automaticidad de un cargo.

El mencionado dictamen se refería a la modalidad en la que se debían saldar las sumas adeudadas, de causa anterior al 31 de enero de 2001, al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. La modalidad descrita en el dictamen estipulaba la pesificación y consolidación de las deudas en la relación de un dólar un peso, más el coeficiente de estabilización de referencia (CER).

Consecuentemente, a través de la CT SUBCO 10558/07, titulada “Información sobre deuda del personal de este Ministerio”, el Ministerio anunciaba que procedería a recuperar las sumas que hubieran sido abonadas por encima de las pautas mencionadas en el dictamen entre los meses de agosto de 2001 y diciembre de 2002.

Según esta CT, los rubros abarcados que involucraban las deudas serían: encargaduría de negocios, permanencia en la categoría, pago de rango superior por permanencia en países de régimen especial, descongelamiento de vacantes del personal diplomático del SEN, ajustes por antigüedad, y recursos de reconsideración en las categorías del personal administrativo adscrito al SEN.

En respuesta, la Asociación elaboró, a través del Dr. Augusto Lapierre y su equipo, un texto de respuesta que los afiliados utilizaron para responder a la carta documento del Ministerio.

El texto rechazaba por improcedente las sumas exigidas por el Ministerio sosteniendo que “fueron correctamente liquidadas, por tratarse de haberes retributivos de servicios prestados en el exterior, de conformidad con lo establecido en el Art. 63 de la ley 20.957 y su reglamentación, así como del decreto 3168/78, normas que en ningún momento dejaron de estar vigentes y que, por la situación especial que regulan, no están alcanzadas por el régimen de pesificación y consolidación de deudas”.

Asimismo, se refería a la “buena fe” de los funcionarios al cobrar los montos exigidos, sin que hubiera mediado dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario diplomático.

Además, destacaba que al tener estos montos carácter alimentario, constituían derechos definitivamente incorporados al patrimonio del funcionario según reiterada jurisprudencia de la CSJN.

En el mes de agosto de 2007, con la asistencia de la Secretaría del APSEN, los funcionarios involucrados en la cuestión procedieron a responder sus respectivas cartas documento utilizando el texto proporcionado por los abogados.

Dos años después, en los meses de julio y agosto de 2009, los funcionarios que habían presentado respuesta a la intimación del 2007 comenzaron a recibir una nueva carta documento del Ministerio que rechazaba los argumentos planteados por los funcionarios diplomáticos.

El APSEN, entonces, elaboró un nuevo escrito que ampliaba los fundamentos presentados en la contestación que respondía a la primera intimación recibida en el 2007.

Nuevamente con la asistencia de la Secretaría del APSEN, los funcionarios involucrados fueron respondiendo a la nueva carta documento utilizando el texto también elaborado por el Dr. Agusto Lapierre.

A pesar de la contestación y rechazo a la intención del Ministerio de recuperar las sumas pagadas, en diciembre de 2009 fue entregada la primera demanda contra un funcionario diplomático retirado.

A partir de ese momento, comenzaron a ser notificadas varias demandas contra funcionarios. Al mismo tiempo, también fueron entregadas resoluciones ministeriales personales en las que la Cancillería notificaba al funcionario que la ampliación de fundamentos presentada en 2009 quedaba rechazada. La resolución especificaba que, quedando agotada la vía administrativa, el Ministerio autorizaba a DIAJU a comenzar las acciones legales para recuperar los montos exigidos.

Más de 150 funcionarios fueron demandados legalmente por la Cancillería. De este total de funcionarios demandados, un 95% optó por utilizar al Dr. Lapierre y su equipo para ser representados en la Justicia.

Los letrados pusieron a disposición de los afiliados un modelo de contestación a la demanda, así como un  modelo de poder específico ampliamente utilizado por los funcionarios  que se encontraban cumpliendo funciones en el exterior.

En el transcurso de los años muchas de las demandas alcanzaron la instancia de sentencia, teniendo muchas de ellas resoluciones favorables para los diplomáticos involucrados y, en una proporción mucho menor, favorables al Ministerio. Todas las sentencias fueron apeladas por una u otra parte perjudicada.

La Secretaría del APSEN cuenta con un listado del estado de los juicios que lleva a adelante el Dr. Lapierre actualizado a la fecha, para conocer algún detalle sobre esta información contactarse con la Secretaría APSEN al correo apsen@mrecic.gov.ar. Asimismo, se transcriben a continuación los datos de la Dra. Carla Gentile, socia del Dr. Lapierre, quien podrá brindar mayor información sobre el estado de los juicios, así como sobre la resolución de la Corte Suprema.

DATOS DRA. CARLA GENTILE

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LA COMISIÓN DIRECTIVA.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016.